El comercial de una compañía en concurso fue acusado de revelar secretos de empresa tras facilitar documentación a un proveedor para que éste pudiera utilizarla en un proceso por insolvencia punible.

Facilitar determinada información a un acreedor de una empresa en concurso para que pueda interponer una querella por insolvencia punible no tiene por qué ser delito. Así lo entiende la Audiencia Provincial de Toledo, que ha absuelto a un comercial de una compañía al que se había acusado de un delito de revelación de secretos comerciales por entregar documentación a un acreedor-proveedor molesto porque no se le estaban ingresando cobros pendientes de pago.

Tal y como recoge la sentencia, el acusado trabajaba como comercial para la compañía, encargándose de la venta de productos y del cobro de facturas con visitas a los clientes, teniendo acceso -para cotejar el importe de las comisiones a cobrar- tanto a las copias de las facturas que cobraba como a los recibís emitidos por la empresa.

Cuando la sociedad entró en suspensión de pagos, el comercial se quedó durante un largo tiempo al frente de la misma para atender a los clientes y proveedores. En este período, el administrador de una de las empresas proveedoras le contó sus problemas para cobrar lo que la compañía le adeudaba, algo que sorprendió al comercial porque, a pesar de la suspensión de pagos, se estaban llevando a cabo cobros importantes con cierta periodicidad.

Ante esa información recibida y en el convencimiento de que se estaban produciendo irregularidades graves en la empresa para la que trabajaba, el comercial decidió facilitar y entregar al proveedor, sin autorización de los representantes legales de la concursada, copia de determinada documentación para que fuese utilizada en la interposición de una querella contra la sociedad por presunto delito de insolvencia punible, acusación que fue admitida a trámite.

La empresa decidió entonces querellarse contra el comercial por un delito relativo al mercado y los consumidores del artículo 278.1.2 del Código Penal y por un delito de descubrimiento y revelación de secretos tipificado en los artículos 199 y 200 de la misma norma, pero tanto el juzgado de instancia como la Audiencia de Toledo han dictado finalmente fallos absolutorios.

En su sentencia, la audiencia recuerda la definición que del concepto secretos de empresa ha venido haciendo el Tribunal Supremo. En este sentido, señala que deben considerarse como tales los propios de la actividad empresarial que, de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva. Además, apunta que son notas características del secreto de empresa “la confidencialidad (pues se requiere mantener bajo reserva), la exclusividad (en cuanto propio de la empresa), el valor económico (ventaja o rentabilidad económica), y la licitud (la actividad ha de ser legal para su protección)”. Y añade que “su contenido suele entenderse integrado por los secretos de naturaleza técnico industrial (objeto o giro de la empresa); los de orden comercial (como clientela o márketing) y los organizativos (como cuestiones laborales, de funcionamiento y planes de la empresa)”.

Teniendo en cuenta todo ello, la Audiencia concluye que los datos divulgados por el comercial no están protegidos, al no influir en el “desarrollo de las sociedades en el marco de la economía de mercado, pues no afectaban a datos comerciales, o de producción ni tampoco en relación con la producción o planificación de la misma y de sus estrategias de mercado”.

Otros casos analizados por el Supremo

El Tribunal Supremo (TS) ha considerado que hay delito cuando, por ejemplo, un empleado de una sociedad se lleva la lista de clientes a otra empresa, ya que entiende que esta información es un elemento importante para conservar y afianzar un mercado frente a los competidores.

También castigó a un director comercial que, con infracción del pacto de no concurrencia durante los dos años siguientes a finalizar su relación laboral, se integró en una compañía competidora, aportando a esta última datos comerciales de la primera, entre los que figuraba la catalogación de productos, descripción gráfica, precios de adquisición y venta al público, así como el listado de proveedores y clientes, tanto en soporte papel como en ficheros informatizados.

Sin embargo no vio delito en el caso de una exempleada, auxiliar administrativa, que denunció ante la Inspección de Hacienda la existencia de una doble contabilidad en la empresa para la que había trabajado con facturaciones paralelas y otras irregularidades fiscales.

Fuente: Expansion.com