El número de acciones legales por uso de software ilegal creció un 17% en España en 2015. Se abre ahora la vía penal, con multas millonarias y penas de hasta 4 años de cárcel para los administradores.

En 2015 se registró en España un récord de denuncias y acciones legales por tenencia y uso de software sin licencia.

En total, BSA, la entidad que agrupa a los principales fabricantes y desarrolladores de software para empresas, recibió el año pasado más de 370 denuncias que dieron lugar a 191 acciones legales contra empresas por presunta tenencia y uso de software ilegal, lo que representa un aumento del 17% con respecto a 2014.

Muchas de las denuncias proceden de trabajadores descontentos (14%) y, sobre todo, ex-empleados (47%), aunque su identidad suele permanecer anónima durante el proceso judicial, ya que es el propietario de los derechos de autor -o en su defecto, la BSA en su nombre- quien se persona.

Casos recientes

Normalmente las partes llegan a un acuerdo, de ahí que existan tan pocas sentencias en España. De esta forma el número de denuncias claramente está creciendo y existe ya jurisprudencia al respecto.

La BSA ha habilitado un espacio en su página web donde cualquier persona puede denunciar a una compañía por usar programas pirata. Es una práctica habitual. En una reciente encuesta elaborada por esta asociación, el 26% de los consultados afirmaba instalar de forma habitual software no autorizado en los equipos de sus empresas. Y lo que es casi peor: los directores de sistemas (CIO) encuestados reconocían que la principal razón para asegurarse de que sólo se instalen programas con licencia es evitar los riesgos para la seguridad asociados con el software ilegal, especialmente las que tienen que ver con las pérdidas de datos.

Una vez que una denuncia es aceptada, se inicia un procedimiento que incluye inspecciones sorpresa.

Ahora también por lo Penal

En España, la ley considera el software como propiedad intelectual, lo que faculta al fabricante de los programas a reclamar daños y perjuicios. Por la vía civil, la cuantía de las indemnizaciones se establece calculando el precio de mercado de los programas por los que el infractor nunca pagó, o bien el beneficio que éste obtuvo gracias al uso de software ilegal.

En los casos impulsados por BSA, las indemnizaciones nunca son cobradas por los fabricantes, sino por la propia BSA, que las destina a campañas de concienciación y sensibilización, así como a cubrir los costes de los litigios.

Ahora bien, desde la reforma del Código Penal, que entró en vigor en julio de 2015, la responsabilidad legal por el uso de software ilegal es también extensible a los administradores de las compañías infractoras.

Las primeras sentencias por la vía penal verán la luz en los próximos meses.

El 44% del software en España es ilegal

Tras varios años de crecimiento, el uso de software ilegal comienza a reducirse en España. La tasa de programas pirata se situaba en 2015 en el 44%, frente al 45% registrado dos años antes. Este descenso “confirma un cambio de tendencia que veníamos detectando, especialmente en el segmento empresarial, tras la entrada en vigor el año pasado del nuevo Código Penal y de las acciones informativas llevadas a cabo en los últimos años”, según Andrés Pi, portavoz del comité español de la asociación BSA. Estas prácticas suponen, según BSA, un coste comercial medio de más de 819 millones de euros para los fabricantes y desarrolladores de software. A nivel mundial, el índice de software sin licencia se sitúa en el 39%, cuatro puntos menos que en 2013.

Fuente: Expansion.com